El Departamento de Derecho del Medio Ambiente ha programado diversas actividades de extensión que se desarrollarán durante el año 2026, entre las que se incluyen cursos y seminarios, así como las tradicionales Jornadas Internacionales en Derecho de Tierras y en Derecho del Medio Ambiente.
La expansión algorítmica de la Inteligencia Artificial (IA) ha revelado una «sed oculta», disparando la demanda de agua y energía para sus centros de datos (UNESCO / El País, 2025). Este consumo desproporcionado exacerba la escasez hídrica en lugares como América Latina, donde el 83% de los niños en Chile ya están expuestos al estrés hídrico (UNICEF / El Mostrador, 2025), y plantea un dilema de racismo ambiental (EFEverde, 2025) que el derecho debe atajar con un enfoque agroecológico y comunitario
La convergencia de la crisis hídrica que amenaza la evacuación de Teherán en Irán, la subducción costera de Cartagena de Indias, Colombia y la clasificación islandesa del colapso de la Circulación de Retorno Meridional del Atlántico (AMOC) como riesgo para su seguridad nacional, revela un colapso ambiental y cultural planetario frente al cambio climático generado por el humano. Es imperativo transitar hacia una jurisprudencia agroecológica que descentralice la soberanía del agua y reconozca la interdependencia socioecológica, desafiando la lógica política que exacerba las catástrofes.
La Jurisdicción Agraria y Rural, incluida en la Constitución Política de Colombia mediante el Acto Legislativo No. 03 de 2023, representa una deuda histórica y un pilar incumplido del Acuerdo Final de Paz firmado en Colombia. Su reglamentación, estancada en el Congreso de la República, es crucial para dotar a jueces especializados de las herramientas necesarias para resolver pacífica, ágil y sencillamente los conflictos por el uso y tenencia de la tierra. Su potencial transformador es evidente, especialmente frente a las devastadoras huellas socioambientales de la agroindustria y la minería que ponen en jaque el territorio.
Mientras Colombia declara la Amazonía libre de hidrocarburos, la COP30 en Brasil se debatió entre el avance en adaptación y el retroceso en la eliminación de combustibles fósiles, revelando una persistente petroficción. Los pueblos indígenas denuncian un borrador de resultados insuficiente, exigiendo ser sujetos directos de financiamiento climático donde la transición agroecológica y la autonomía territorial son las únicas vías para la justicia climática, desafiando el ecofascismo de las falsas soluciones que perpetúan el extractivismo.
El primer Territorio Campesino Agroalimentario (TECAM) “Nuevo Amanecer” en el Cesar, Colombia, ha beneficiado a 214 familias y constituye un hito en la reforma agraria. Reglamentado por el Decreto 780 de 2024, este modelo confronta la lógica agroindustrial extractivista al promover la agroecología. Su sostenibilidad exige una ruptura con las estructuras económicas históricas que han desviado recursos públicos, priorizando la soberanía alimentaria sobre los intereses de exportación.
Más allá de los titulares optimistas, la Amazonía enfrenta una crisis bio-semiótica cuantificable: 60 especies de mariposas han comenzado a perder su pigmentación como respuesta al estrés térmico. Mientras Colombia celebra la segunda cifra de deforestación más baja de su historia para 2024 y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) reporta descensos globales en la última década, la realidad territorial evidencia una desconexión entre la métrica burocrática y la necrosis ecológica. Esta nota contrasta la diplomacia de la única nación que ha prohibido la tala con la inminencia de un punto de no retorno sistémico.
La Sabana de Bogotá, Colombia, atraviesa su disputa más intensa en décadas: decisiones judiciales, tensiones políticas y denuncias de acaparamiento de agua revelan un territorio en guerra por su destino. Las comunidades exigen ordenamiento ambiental con justicia hídrica, mientras empresas, urbanizadores y élites presionan para mantener privilegios. El derecho ambiental se convierte así en un campo de lucha donde la agroecología, la soberanía territorial y el agua se defienden como bienes comunes irrenunciables.
En Colombia y América Latina, la alimentación dejó de ser un derecho garantizado y se volvió un campo de disputa entre corporaciones, Estados débiles y comunidades que resisten. La crisis climática, el financiamiento insuficiente y el control empresarial profundizan el hambre estructural, mientras territorios rurales sostienen la vida con soberanía alimentaria y justicia ambiental. Desmantelar este orden exige confrontar el poder, reformar la ley y recuperar la autonomía comunitaria.
La discusión sobre eliminar la fase judicial del procedimiento único del Decreto Ley 902 de 2017 enfrenta dos principios: eficiencia administrativa y garantías constitucionales. Este análisis sostiene que conservarla es esencial para dar efectividad a la futura jurisdicción agraria, proteger derechos y superar el fracaso histórico del modelo exclusivamente administrativo, bajo un enfoque pragmático que privilegia el sacrificio menor.