Derecho del Medio Ambiente y Tierras
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Páramos con derechos, predios con deberes: justicia ambiental desde las alturas

El Tribunal Administrativo de Santander declaró al Páramo de Santurbán como sujeto de derechos, titular de la protección, mantenimiento y restauración, cerrando la puerta a nuevos proyectos mineros. Casi al mismo tiempo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 963 de 2025, que establece la metodología para valorar la conservación de predios en páramos. Estas dos decisiones podrían marcar un nuevo rumbo en la protección efectiva de los ecosistemas de alta montaña en Colombia.

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El Yarí resiste: campesinado, jaguares y territorio frente a la desmemoria estatal

Por: Javier Camilo Guevara Rodríguez* Varias organizaciones campesinas[1] del Yarí, entre Caquetá y Meta, impulsan la creación de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) para restaurar el corredor del jaguar y proteger el territorio que habitan desde hace más de 40 años. Sus propuestas combinan conservación, autonomía y justicia ambiental. Este proceso contrasta con experiencias como la Ley Lafkenche en Chile y se inscribe en una lucha más amplia por el derecho ambiental. Habitar y decidir desde abajo En el corazón del Yarí, entre Caquetá y Meta, donde la selva convive con los vestigios de la guerra, cuatro organizaciones campesinas han decidido transformar su historia de exclusión en una propuesta de vida. Buscan restaurar el corredor del jaguar, proteger su territorio y crear dos ZRC, figuras legales que permiten reconocer sus derechos colectivos y construir paz con justicia ambiental (El Espectador, 2025). Las comunidades del Yarí llevan más de cuatro décadas […]

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Leticia sin Amazonas: la frontera líquida que Colombia está perdiendo

La Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia que, por más de 35 años, ha monitoreado el comportamiento del río Amazonas en la frontera colombo-peruana, en su estudio titulado “S.O.S. El río Amazonas se aleja de Colombia”, advierte que Leticia podría perder el río Amazonas en 2030 debido al desplazamiento del cauce hacia Perú. El caudal ha disminuido más de un 30% en tres décadas y la falta de acuerdos binacionales profundiza el riesgo. Esta crisis no solo pone en jaque la biodiversidad, sino también los derechos de las comunidades que lo habitan y el carácter amazónico de Colombia como nación ribereña.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Opinión Consultiva OC-32/25): una hoja de ruta para Colombia en emergencia climática y derechos humanos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su Opinión Consultiva OC-32/25, marcó un precedente histórico al establecer obligaciones jurídicas vinculantes para todos los Estados que han reconocido la competencia consultiva de la Corte IDH frente a la emergencia climática y derechos humanos. Este pronunciamiento refuerza fallos como la Sentencia T-123 de 2024 en Colombia, que reconoce el desplazamiento por factores ambientales. Aunque poderosa, la OC-32/25 enfrenta retos frente a las empresas contaminantes y la falta de herramientas procesales innovadoras.

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Infancia en riesgo climático: la deuda pendiente de América Latina y Colombia

Un informe conjunto entre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advierte que, si no se implementan políticas efectivas, 17,9 millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina podrían vivir en pobreza extrema para el año 2030 por impactos relacionados al cambio climático. En Colombia, que aporta solo el 0,6 % de las emisiones globales, la infancia enfrenta múltiples riesgos climáticos y apenas recibe atención adecuada en las NDC (Contribuciones Determinadas a nivel Nacional). Por lo que se requiere inversión y políticas públicas climáticas con enfoque en niños, niñas, adolescentes y justicia ambiental.

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Sentencia C-332 de 2025: la Corte Constitucional de Colombia reafirma el Estado laico y la protección animal

La Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia C-332 de 2025, declaró inexequible la obligación de invocar a Dios en el juramento profesional de médicos veterinarios y zootecnistas, al considerar que vulnera la libertad de conciencia y el Estado laico. Además, robusteció el estatus jurídico de los animales en Colombia, al excluir expresiones que los catalogaban como meros “instrumentos” para el ser humano, reconociéndolos como seres sintientes con especial protección constitucional.

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Eficiencia y ejecución en la política de tierras: contraste entre presupuesto, resultados y metas estratégicas en la Reforma Rural Integral (RRI)

Esta nota analiza si el aumento presupuestal de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) durante el gobierno Petro se tradujo en una gestión más eficiente de la RRI. A partir del contraste entre cifras oficiales, debates públicos y metas del Plan de Acción, se concluye que el incremento de recursos no generó resultados proporcionales y que persiste un rezago frente al objetivo estratégico de formalización.

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Cambio climático y resiliencia hídrica: el rol de la GIRH

El cambio climático, desde el contexto ambiental y social, representa una amenaza creciente para el bienestar de la humanidad. Su principal causa reside en el aumento de la concentración de gases efecto invernadero (GEI) de origen antrópico, por ejemplo, la quema de combustibles fósiles y el cambio en el uso del suelo. Sus manifestaciones se observan en el continuo aumento del nivel del mar, la disminución de la criósfera y la intensificación de los fenómenos climáticos extremos.

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¿La conformación y delimitación del Territorio es el espiral para el ejercicio de las Entidades Territoriales Indígenas?  Art. 329 de la CP de Colombia

Por: Leida Yasmín Jiménez Archila En Colombia existen 115 Pueblos Indígenas Nativos[1], de los cuales los más poblados están en La Guajira, Cauca, Nariño, Córdoba y Sucre. Algunos de ellos han sido objeto de desplazamiento forzado, motivo por el cual han sido reubicados, y otros están en trámite de recuperación de su territorio[2]. La Declaración sobre el Derecho a la Paz en su artículo 2 indica que los Estados deben respetar, aplicar y promover la igualdad y la no discriminación, la justicia y el Estado de Derecho, para garantizar la liberación del temor y de la miseria como medio para consolidar la paz dentro y entre las sociedades. Por su parte, el artículo 329 de la Constitución Política de Colombia dispone que la conformación de las entidades territoriales indígenas requerirá de una ley orgánica[3]. En este orden de ideas, las preguntas obligatorias son: ¿Cada entidad territorial indígena corresponde a un […]