El día 22 de febrero de 2022, el docente investigador Juan David Ubajoa presentó su libro “Las bases del régimen jurídico del aire en Colombia”, el cual es el resultado de la investigación doctoral que el profesor realizó en la Universidad Carlos III de Madrid.
En el marco de los eventos que se llevaron cabo para celebrar los 136 años de la Universidad Externado de Colombia, la Directora del Departamento de Derecho del Medio Ambiente, María del Pilar García Pachón, en representación de los profesores de la Universidad, participó en el lanzamiento de las nuevas herramientas tecnológicas que permitirán conocer las plantas de nuestro campus.
Nos complace anunciar que el Grupo de Investigación en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia ha sido reconocido preliminarmente con la categoría más alta en la reciente convocatoria para el reconocimiento y medición de grupos de investigación (894 de 2021) de Colciencias.
El territorio en las últimas tres décadas se ha convertido en una categoría a partir de la cual las comunidades étnicas en el mundo-especialmente en el llamado tercer mundo-agencian sus procesos de reconocimiento político. El Convenio 169 de la OIT enaltece la importancia del territorio para los pueblos indígenas y tribales y el vínculo espiritual y cultural que se entreteje. Colombia ratificó este Convenio con el giro al multiculturalismo que se dio a partir de la Constitución de 1991, los pueblos étnicos y sus territorios fueron reconocidos y se convirtieron en sujeto de derechos.
Colombia se ha destacado por su activa participación en la COP26 en Glasgow, presentando soluciones innovadoras y formulando metas ambiciosas para la lucha contra el cambio climático, entre las cuales se destaca el lanzamiento de la Estrategia Climática de largo plazo E2050, que fija la hoja de ruta para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, con miras a alcanzar la carbono neutralidad en 2050, así como su compromiso por reducir la deforestación para 2030 y declarar el 30 % de su territorio como área protegida para 2022.
El gobierno nacional emitió recientemente la Resolución 904 de 2020 “por la cual se fijan los lineamientos sociales para el desarrollo de los Proyectos Piloto de Investigación Integral en Yacimientos No Convencionales de Hidrocarburos a través de la técnica de Fracturamiento Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal”. Dicha técnica, mejor conocida como fracking, se ha constituido en uno de los temas más álgidos en diferentes ámbitos de discusión nacional. Una de las dimensiones de este amplio debate ha gravitado en torno al alcance de la participación de las comunidades locales en la determinación de uso del territorio y la eventual ejecución del proyecto a través de la denominada “Licencia Social”. El presente documento busca profundizar en esta noción con el fin de poder aportar elementos de cara al relacionamiento futuro que debe existir entre la industria extractiva y las comunidades locales.
El Consejo de Derechos Humanos aprobó el 8 de octubre de 2021 la Resolución A/HRC/RES/48/13 que reconoce como derecho humano al medio ambiente sano. Este Consejo es el principal organismo intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y se encarga de fortalecer la promoción y la protección de los derechos humanos a nivel global, hacer frente a las situaciones de violación de derechos humanos y formular recomendaciones (UN HRC). Aunque sus decisiones no son jurídicamente vinculantes, este reconocimiento representa un hito para el Derecho internacional ambiental.
Este tema es abordado en el capítulo de investigación titulado “Acuerdo de Escazú y Licenciamiento Ambiental” realizado por el Doctor Eduardo del Valle, el cual está publicado en el libro “Lecturas sobre el Derecho del Medio Ambiente. Tomo XX”.
En el marco de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, por medio de la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y en el contexto del Decenio de las Naciones Unidas para las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible 2021-2030, se encuentra, el documento Conpes 3990 de 2020, elaborado por el Gobierno Nacional, con el objetivo de proyectar a nuestro país en potencia bioceánica sostenible a 2030, mediante el posicionamiento de nuestros océanos como motores de crecimiento y desarrollo en los próximos años.
A través de esta Sentencia la Corte Constitucional se pronunció respecto a la constitucionalidad del primer inciso y el parágrafo 1 del artículo 125 del Decreto Ley 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública”.